Sep 30

Real Decreto-Ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo

Ha sido publicado en el BOE de hoy, 30 de septiembre, el Real Decreto-Ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo cuyo tema estelar es la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (ERTE) o por razones económicas, técnicas o productivas (ETOP) vinculados al COVID-19, del que ayer le ofrecíamos un anticipo resumido.

El Real Decreto-Ley organiza estos mecanismos en tres grandes modelos: los ERTES por fuerza mayor que se arrastran desde marzo, los ERTES nuevos por nuevas medidas restrictivas de la movilidad o por confinamientos y los ETOPS de empresas especialmente afectadas por los efectos derivados  de la epidemia(económicos, técnicos, productivos u organizativos).

El nuevo Real Decreto-Ley mantiene y amplia las bonificaciones en la cotización, pero a la vez también mantiene tanto la prohibición de distribución de dividendos como el compromiso de salvaguarda del empleo para quienes se hayan beneficiado en la cotización, repite que no estarán justificados los despidos basados en fuerza mayor o en razones objetivas relacionados con el COVID-19 y prohíbe las horas extraordinarias, la externalización de servicios y las nuevas contrataciones para quienes se hayan acogido a alguna de aquellas medidas.

Además de los ERTES, el Real Decreto-Ley regula la protección por desempleo de los trabajadores (período de carencia, consumo de prestación y mecanismo colectivo de trámite), o la prestación extraordinaria para los fijos-discontinuos.

El Real Decreto-Ley regula también la prestación extraordinaria por cese de actividad paro los autónomos, pactadas entre el Gobierno y los representantes de este colectivo.

Le recordamos que la nueva norma entra en vigor hoy.

Sep 28

Real Decreto-Ley 28/2020 de trabajo a distancia

De la nueva norma, sobre la que ayer le hicimos un resumen de su contenido, le hacemos la observación de que no se aplicará a los trabajos a distancia implantados como prevención contra el COVID-19 (salvo en el extremo relativo a la dotación de medios al trabajador) pese a que, paradójicamente, se ha justificado la urgencia del Real Decreto en la epidemia del COVID-19.

Precisamente sobre el punto de la compensación de los gastos se traslada a la negociación colectiva “el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos”.

El real Decreto-Ley también regula la voluntariedad y reversibilidad del acuerdo de trabajo a distancia, la protección de la salud y seguridad del trabajador, los derechos de representación colectiva, el control de la jornada o la desconexión digital.

Además del trabajo a distancia, el Real Decreto-Ley prorroga el Plan MECUIDA para la adaptación de la jornada a quienes tengan obligaciones de cuidado con familiares afectados por medidas de aislamiento a causa del COVID-19, instaura una preferencia para acceder al trabajo a distancia por motivo de estudios y contempla este sistema de prestación de servicios como forma de hacer efectiva la protección contra la violencia de género.

Descargar Real Decreto-Ley 28/2020 de trabaja a distancia en .PDF

Sep 21

NOTA SOBRE LOS NUEVOS ERTES POR FUERZA MAYOR – 4 septiembre

Ante las consultas planteadas por distintas Inspecciones Provinciales, esta Área de Coordinación, de conformidad con lo previsto en el apartado 2º B, de la Resolución del Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 20-03-2020, sobre organización del Organismo en la gestión de la crisis del COVID-19, que crea la Unidad de gestión de la crisis del COVID, informa lo siguiente:

1) CONSIDERACIONES GENERALES

La presente nota informativa tiene por objeto facilitar pautas orientativas para la unificación de los criterios de los distintos actuantes en la elaboración del informe cuya emisión atribuye la normativa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, su finalidad es procurar que las actuaciones de las distintas unidades territoriales de la ITSS sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en sus informes han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso debe corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.

2) MARCO NORMATIVO

Tras la regulación de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, prevista por el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, ha limitado la aplicación del mencionado artículo 22 a los ERTE solicitados antes de la entrada en vigor del mismo, es decir, antes del 27 de junio de 2020 y con una duración, como máximo, hasta 30 de septiembre de 2020.

No obstante, para garantizar la protección de las empresas frente a supuestos en los que se adopten nuevas medidas que afecten al desarrollo de la actividad productiva, el propio Real Decreto-ley 24/2020 prevé en su Disposición adicional primera.2 que las “empresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, de los porcentajes de exención previstos a continuación, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza
mayor en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores:

a) El 80 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre.

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.”

De esta manera, ante la imposibilidad de tramitar nuevos expedientes al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, pero ante la necesidad de responder a las consecuencias derivadas de nuevas medidas y restricciones, el Real Decreto-ley 24/2020 prevé que aquellas empresas que, a partir del 1 de julio de 2020 vean impedido el desarrollo de su actividad “por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo” puedan disfrutar de diversas exenciones en la aportación empresarial de cuotas de Seguridad Social.

3) PROCEDIMIENTO
La tramitación y autorización de estos expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor ha de realizarse con arreglo a lo previsto en el artículo 47.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin que se haga alusión a ninguna especialidad procedimental, por lo que será de aplicación lo establecido en dicho artículo 47.3 TRLET, así como el 51.7 TRLET, al que se remite el anterior, y en su desarrollo reglamentario, previsto por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Lo anterior implica que, en estos casos, el informe de la ITSS vuelve a tener carácter preceptivo, y deberá ser emitido a la mayor brevedad posible, al aplicarse el plazo ordinario de resolución del expediente, de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

4) CAUSAS MOTIVADORAS

3.1. Debe partirse de la consideración general de estos expedientes como provenientes de fuerza mayor temporal. Ello quiere decir que resultan aplicables a estos expedientes los elementos comunes que deben concurrir en todo expediente de fuerza mayor temporal:

– Ha de existir un acontecimiento imprevisible, entendido como imposibilidad circunstancial de prevenirlo.
– Ha de ser irresistible o inevitable, empleando la diligencia debida que racionalmente pudiera aplicarse.
– Ha de ser externo a la voluntad del empresario.
– Debe impedir temporalmente el cumplimiento, en todo o en parte, de la obligación y
provenir de una causa extraña a la relación obligacional misma.
– Ha de existir una relación de causa a efecto entre el acontecimiento que revista esas
características y el cumplimiento de la obligación, total o parcial.

3.2. Partiendo de lo anterior, la propia norma prevé los supuestos en los que podrá considerarse que concurre la fuerza mayor en estos ERTE: cuando no sea posible el desarrollo de la actividad por “nuevas restricciones o medidas de contención”.

Debe tenerse en cuenta que la propia norma, sin precisar su concreta naturaleza, hace una distinción entre “restricciones” y “medidas de contención”, lo cual supone una diferenciación entre las mismas. En este sentido, pueden adoptarse decisiones restrictivas que supongan una prohibición expresa, o que limiten actividades con carácter genérico o concreto, confinamiento, etc., o bien pueden adoptarse medidas que, si bien no prohíben una actividad, puedan exigir posteriormente una serie de controles para evitar la propagación de un virus, tales como cuarentenas o realización de pruebas diagnósticas específicas. Por tanto, estas restricciones o medidas de contención tienen
carácter genérico o indeterminado, dada la diversidad de las posibles medidas que se puedan adoptar en el futuro para hacer frente a la pandemia y evitar la propagación de la enfermedad.

Por ello, a la vista de dicho carácter genérico, deberá considerarse en principio causa válida motivadora del expediente de regulación de empleo cualquier tipo de restricción o medida de contención, siempre que afecte directamente a la actividad de un centro de trabajo, y así se acredite por la empresa.

Es indiferente, a estos efectos, cuál sea la autoridad que adopte la restricción o la medida de contención. Lo esencial es su competencia para adoptarla, su carácter externo y ajeno a la voluntad del empresario, y su efecto, que debe impedir, en todo o en parte, la continuación de la prestación laboral.

Así, a título de ejemplo, el supuesto más habitual será aquel en que la medida la adopta la autoridad competente respecto a las empresas incluidas en su ámbito geográfico de competencias, como es el caso de los posibles cierres de establecimientos o la limitación de horarios.

Pero, además, resulta evidente que existen medidas que, aun siendo aprobadas por autoridades externas al ámbito geográfico de un centro de trabajo, podrán tener consecuencias directas respecto a la actividad de este. Así, cabe incluir aquellas medidas adoptadas por otros países relativas a restricciones respecto a los lugares de viaje. En casos tales como aquellos en los que las autoridades de terceros países impongan medidas de cuarentena u otras restricciones a los viajeros que proceden de España, puede haber una importante incidencia en la actividad de una empresa, especialmente en los sectores de la hostelería, transporte o industrias conexas.

Por lo demás, admitiendo que las medidas de contención, independientemente de su naturaleza, puedan ser alegadas por la empresa para justificar la reducción de su actividad, no puede dejar de recordarse que la fuerza mayor, como causa motivadora del expediente de regulación temporal de empleo, deberá quedar acreditada debidamente.
Y, además, será necesario acreditar la relación de causalidad entre las restricciones y medidas de contención que se adopten y sus consecuencias en el empleo, así como la valoración de la proporcionalidad de la medida, ya que, como se ha señalado en ocasiones previas, no puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.

Será preciso que la empresa acredite, de la manera más objetiva y concreta posible, una correlación entre la causa (las restricciones o medidas de contención) y la consecuencia (la imposibilidad de desarrollar la actividad), ya que no toda reducción de la actividad estará íntimamente relacionada con las posibles medidas que se adopten para frenar la pandemia. En ello incide la disposición adicional primera.2 (“Las empresas y entidades que… vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo”), reforzado por la exposición de motivos, cuando indica que “las empresas y
entidades que soliciten un expediente de regulación temporal de empleo ante la imposibilidad de desarrollar su actividad con motivo de la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención como consecuencia de un eventual agravamiento de la pandemia provocada por la COVID-19”.

Por tanto, en los casos en que no se acredite esta correlación, y habiendo reducción de la actividad de la empresa, nos podríamos encontrar ante un ERTE por otras causas, pero no por causa de fuerza mayor, cuestión ya prevista por el artículo 33.4 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, cuando prevé que “En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, de acuerdo con lo establecido en el Título I.”

5) ÁMBITO DE LOS ERTE DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.2

Una de las diferencias más sustantivas entre los expedientes previstos en la Disposición adicional primera.2 del Real Decreto ley 24/2020, y los expedientes basados en el artículo 22 del Real Decreto ley 8/2020, es que los primeros definen claramente el centro de trabajo, y no la empresa, como su ámbito de aplicación.

En este sentido, será suficiente que la empresa acredite que se cumplen los dos requisitos exigibles conforme a la Disposición adicional primera.2 (nuevas medidas de contención o restricciones e imposibilidad de desarrollo de la actividad) y la relación de causalidad entre ambos, en alguno de sus centros de trabajo y no en todos, pudiendo concederse la medida solicitada en cuanto a los primeros.

6) CONCURRENCIA DE EXPEDIENTES PREVIOS

 

El apartado 4 de la Disposición adicional primera del Real Decreto ley 24/2020 establece:
Cuando las empresas y entidades a las que se refieren los apartados anteriores reinicien su actividad, les serán de aplicación desde dicho momento, y hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el artículo 4.1 del presente real decreto-ley.
Las implicaciones de este apartado son las siguientes:

– Estos ERTE son compatibles con los expedientes basados en las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, tanto los de fuerza mayor total como los de fuerza mayor parcial, preexistentes.

– Estos ERTE también son compatibles con cualquier otro expediente de regulación temporal de empleo preexistente que no esté relacionado con el COVID-19 y con la regulación específica aprobada desde la declaración del Estado de Alarma.

En consecuencia, no es un requisito la renuncia a expedientes de regulación temporal de empleo previos que pueda estar aplicando la empresa en el momento en que se actualice la causa del ERTE previsto por la Disposición adicional primera.2 para que se le pueda autorizar este último.

4 de septiembre de 2020

Sep 14

MEET REFRACTORY EXPERTS AT ICR® 2020 REMOTELY

The 63rd international Colloquium on Refractories (ICR®) 2020 will take place 16–17 September 2020 in a virtual setting for researchers and industry experts.

The digital concept will cover a virtual congress (with welcome address, keynotes and the Gustav Eirich award), a virtual scientific colloquium (with seven technical sessions and industry presentations) and a virtual industrial exhibition. A web-based tool – meet@ICR®2020 – will be provided to arrange face-to-face meetings for conference attendees, exhibitors and visitors.
The new virtual setting for ICR® 2020 aims to fulfil the ongoing needs of research and industry (suppliers and manufacturers) for exchange of information.

The supplier industries can use this virtual platform to discuss technical issues individually with all attendees.

 

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Sep 07

Obligación de informar a los centros toxicológicos nacionales sobre las mezclas peligrosas

Obligación de informar a los centros toxicológicos nacionales sobre las mezclas peligrosas (en nuestro sector serían mezclas de sustancias para la posterior fabricación de refractarios y también los refractarios no conformados (los conformados son considerados artículos).

 

El artículo 45 del Reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas) obliga a los agentes económicos que comercialicen en la UE mezclas peligrosas por sus propiedades físicas o para la salud humana, a notificar dichas mezclas a los centros antitóxicos nacionales designados. La información proporcionada será utilizada por los centros antitóxicos únicamente para dar respuesta a emergencias médicas.

 

La implementación de este requisito legal, debería de haber comenzado en 2017, pero debido a los retrasos en la harmonización de requisitos en los estado miembros, su obligado cumplimiento se ha ido posponiendo. A partir de 2021 será obligatorio y su no cumplimiento supondrán sanciones significativas.

Los plazos de implementación quedan establecidos finalmente (según el agente final) de la siguiente forma:

  • Enero 1 de 2020 (consumidores público general y uso profesional)
  • Enero 1 de 2024 (uso industrial)

 

Los agentes económicos que comercialicen en la UE mezclas peligrosas (fabricantes, distribuidores, importadores, usuarios intermedios..) serán los responsables de presentar la información requerida en los Estados miembros en los que la mezcla se comercialice.

 

Notificar el uso de mezclas y sustancias peligrosas a los centros toxicológicos o Poison Centres, incluye los siguientes elementos principales:

 

  • Un formato estándar para la presentación de información a los organismos designados. Se trata de un formato común de la UE que reemplazará gradualmente a los actuales requisitos de información nacionales.
  • Información a suministrar en lo que se refiere a la composición química de las mezclas peligrosas, la identidad y los rangos de concentración de componentes y clases y categorías de peligro de los productos. (otros archivos como etiquetas, FDS, listado de productos que se notifican, archivos adicionales (en el caso de ingredientes de detergentes),..)
  • Un identificador único de fórmula (UFI). El UFI es un código de número único ligado a una mezcla peligrosa particular. Éste, deberá ir en la etiqueta o en el envase de la mezcla, permitiendo así, una identificación precisa y rápida de la formulación química específica del producto. Para crearlo, existe un generador UFI, una herramienta en línea que crea y valida códigos UFI. Permite la generación de UFIs de forma masiva o particular. También se han creado manuales para que los departamentos IT de las empresas pueden generar internamente sus UFI.

 

 

Lista de ingredientes o composición del producto que debe ser notificada

Es la lista que forma parte de la ficha toxicológica donde se informa de la composición del producto, se debe tener clara la información de sustancias o materias primas que se utilizan en nuestros productos.

 

Los ingredientes se diferencian en los siguientes tipos:

 

Peligrosidad 1, sustancia que, de conformidad con las normas de clasificación del Reglamento CLP, se incluye en al menos una de las siguientes categorías de peligro:

– Toxicidad aguda (oral, dérmica, por inhalación) categoría 1, 2 o 3.

 

– STOT– por exposición única, categoría 1 y 2.

 

– STOT– exposición repetida, categoría 1 y 2.

 

– Corrosión cutánea, categoría 1A, 1B y 1C.

 

– Lesión ocular grave categoría 1.

 

Peligrosidad 2, sustancia que, estando clasificada de conformidad con las normas de clasificación del Reglamento CLP, no se incluye en ninguna de las categorías de peligro descritas en el apartado anterior.

No Clasificado, sustancia que, no resulta clasificada como peligrosa de conformidad con las normas de clasificación del Reglamento CLP.

Mezcla, de esta forma se referencia a otra mezcla que haya sido previamente notificada al INTCF y de la que el proveedor le haya proporcionado el número de referencia que el INTCF le ha adjudicado a ese nombre comercial (Nº DRP).

SU3-Telf. 24h, referenciando a un ingrediente de uso industrial. Si la mezcla se destina para su uso exclusivo industrial (SU3), en ningún caso esté disponible directamente para su uso profesional o consumidor.

 

 

El procedimiento de notificación en España está regulado por la Orden JUS/836/2013 (y posteriormente modificada por la Orden JUS/909/2017) y las tasas por la Ley 10/2012 (la notificación de productos al INTCF conlleva el pago de tasas-30€ por mezcla en 2012).

 

La notificación al INTCF debe realizarse mediante su plataforma SRE (Sistema de relación de Empresas) desde Internet, los métodos que se usaban antes (postal o plataforma FTP) dejaron de estar operativos en 2015 y no son aceptados por el INTCF como válidos.

 

Deben darse de alta en el Sistema de Relación de Empresas (SRE) todas las empresas que deban notificar sus productos al INTCF aunque posean empresas asociadas, gestoras, consultoras, etc., que se encarguen de notificar en su nombre. Para darse de alta es necesario rellenar un formulario con los datos de la empresa y datos de usuario, un dato importante es el CIF que se utilizará para posteriores validaciones (de la empresa y de ficheros).

Descargar documento completo en .PDF

 

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