La #COVID-19 ha traído consigo, además de una crisis sanitaria y económica, innumerables inconvenientes, en lo que a la consecución de #procesos_legislativos se refiere. Parece que la nueva forma de legislar, en la que la participación está cada vez más deteriorada, ha venido para quedarse.

Esta pandemia de la #COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestras formas de relacionarnos, tanto en el ámbito personal, como en el profesional. Las restricciones y las medidas de protección, que nos hemos visto obligados a adoptar, han hecho que la manera de trabajar a la que estábamos acostumbrados haya cambiado de forma radical. Los #procesos_legislativos no han sido una excepción y se han visto intensamente afectados por este nuevo modo de hacer, en el que los plazos se están viendo dilatados y la participación, en contra de lo esperado, está siendo menoscabada.

Handicaps acarreados por el trabajo en plena pandemia

Han pasado ya diez meses desde que la pandemia de la #COVID-19 estallara. Lo que a principios de marzo del año pasado se consideraba prioritario, hoy ya no lo es tanto, multiplicándose al mismo tiempo las iniciativas y #procesos_legislativos que tratan de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, surgidas a consecuencia de la situación sanitaria y social. Todo ello nos ha llevado a entrar en una vorágine legislativa en permanente cambio, con plazos de respuesta cada vez más ajustados y solapes que dificultan la armonización de dichas iniciativas.

Al mismo tiempo, la situación obliga a que los plazos de respuesta sean cada vez más ajustados, pero eso no significa que los procesos legislativos en sí sean más cortos. En la actualidad, y admitiendo que la capacidad de respuesta sea necesariamente más limitada, hay #procesos_legislativos que se están dilatando en exceso.

La aludida limitada capacidad de respuesta no está únicamente afectada por los acotados márgenes concedidos. Las interlocuciones vienen sustentadas por reuniones o conversaciones telemáticas, que han provocado que el ambiente de trabajo sea más frío y se haya perdido la complicidad espontánea que surge en las reuniones presenciales. Además, la saturación de los interlocutores en las administraciones y demás organismos (por una excesiva cantidad de reuniones, conferencias, webinars, etc.) tampoco facilitan un dialogo fluido, lo que, unido a situaciones de paros o reducciones de trabajo intermitentes en las empresas, dificulta los análisis técnicos profundos a realizar por los sujetos de las futuras legislaciones.

Adicionalmente a la incertidumbre económica y a la complicación técnica dada la situación de trabajo distribuido, hay que sumarle que parece primarse “la cantidad” de nueva legislación sobre “la calidad” de la misma, lo que hace que las memorias de impacto normativo tiendan a ser superfluas y poco críticas (tanto a nivel europeo y nacional como regional).

FMP BREF, ejemplo de un proceso legislativo golpeado por la #COVID-19

Un ejemplo de ello es el Ferrous Metal Processing BREF (del inglés Best available techniques Reference document) o FMP BREF, documento que recoge las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) a aplicar por el sector siderúrgico en los procesos de tratamiento de los metales ferrosos que se producen durante la laminación y el acabado del acero. Se trata de un documento que marcará los límites ambientales a cumplir por las plantas ubicadas en la Unión Europea y, en consecuencia, las inversiones en ellas a realizar en los próximos años para obtener la licencia para operar.

Tras la dos veces cancelada reunión final de revisión del FMP BREF —la pandemia no dejó que se realizara en abril y volvió a anularse en octubre—, el EIPPCB (European IPPC Bureau) decidió realizarla telemáticamente. Esto ha traído consigo una vorágine de reuniones preparatorias, idas y venidas de versiones del documento, videoconferencias y llamadas por parte de todos los participantes (unos sesenta, contando con el propio IPPC Bureau, EUROFER, asociaciones nacionales que representan al sector en los países y las autoridades de cada uno de ellos). En definitiva, lo que iba a tratarse de una semana de reuniones presenciales en Sevilla, se tornó a dos reuniones semanales de nueve horas cada una (a veces hasta doce horas), durante dos meses y medio, con sesenta participantes (cada cual con sus particularidades tecnológicas), conectados vía plataforma digital.

Aspectos positivos dentro de esta vorágine

No obstante, esta nueva forma de trabajar no solo ha traído trabas, también hay aspectos que están funcionando mejor que nunca y que no debemos pasar por alto. Cabe destacar que la necesidad de una extensa preparación de cara a cada una de las reuniones de cualquier proceso legislativo en los que estamos participando, hace de la debilidad virtud y nos obliga a aprovechar la tecnología al máximo y a generar una capacidad de respuesta muy rápida a opciones planteadas por parte de las administraciones (siempre y cuando se base en conocimientos de expertos accesibles).

¿Qué nos deparará 2021?

No esperamos que 2021 vaya a romper con la tónica que se ha convertido en habitual desde la aparición de la #COVID-19. Este año viene cargado de iniciativas legislativas, con el riesgo de que unos #procesos_legislativos se solapen con los otros, limitando la posibilidad de participación y requiriendo un gran esfuerzo para hacerlo.

Pese a lo anterior, desde UNESID nos seguiremos esforzando para, incluso, incrementar el nivel participativo de la industria siderúrgica española y que esté más presente y preparada que nunca en un entorno legal cada día más volátil.

Miren Elosegui
Experta Técnico Medioambiental

Seguidamente le resumimos las disposiciones de mayor repercusión para la empresa del Real Decreto-Ley 2/2021 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, cuya medida más conocida ha sido la prórroga de los ERTES fruto del III Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE III) suscrito por los agente sociales.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS ERTEs

1.- Se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021 todos los ERTES basados en una causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19.

2.- Se reconoce la posibilidad de presentar nuevos ERTEs por impedimento o limitaciones de actividad.

3.- Se prevé que las empresas a las que se haya autorizado un ERTE de fuerza mayor por impedimento a la actividad puedan aplicar directamente las medidas correspondientes a la situación de limitaciones a la actividad, y viceversa.

4.- Se prorrogan hasta el 31 de mayo 2021:

1. Las especialidades aplicables a los expedientes COVID-19 basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
2. Los límites al reparto de dividendos para quienes hayan aprovechado las bonificaciones a la cotización
3. La restricción de acceso a ERTES de las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
4. Las restricciones a la realización de horas extraordinarias, nuevas contrataciones y concertación de nuevas externalizaciones.

e Las limitaciones establecidas respecto de los despidos basados en causas que fundamentan los ERTEs por Covid-19

g La interrupción del cómputo de los contratos temporales.

1. La obligación de salvaguarda de empleo.
2. Las medidas para la protección de los trabajadores afectados por el ERTE ( art. 8 del RDL 30/2020) como el porcentaje del 70% de la prestación por desempleo o el no consumo de prestaciones

MEDIDAS RELATIVAS A LOS AUTÓNOMOS

1.- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que la autoridad competente, a partir del 1 de febrero de 2021.

2.- Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que, aunque no se vean obligados a cerrar su actividad, vean reducidos sus ingresos y no tengan acceso a la prestación por cese de actividad regulada en la Ley General de la Seguridad Social.

3.- Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, cuando se produce una sensible reducción de ingresos

OTRAS MEDIDAS

1.- Exoneración de la cuota empresarial a la Seguridad Social aplicable tanto a las personas afectadas por ERTE como a las no afectadas, para las empresas de sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE, y una reducida tasa de recuperación de la actividad, que no es el supuesto de los sectores afectados por el Convenio de Extractivas, vidrio y cerámica.

4.-Mantenimiento de las bases mínimas de cotización hasta que se apruebe el SMI PARA 2021

8.- Celebración telemática de reuniones de órganos de administración durante el año 2021, aunque los estatutos no lo prevean.

9.- Adopción por escrito y sin sesión de los acuerdos de los órganos de administración de las personas jurídicas siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.

La política comercial de Biden

Salvo sorpresas de última hora, el 20 de enero de 2021 Joe Biden se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos. El nuevo dirigente hereda de la anterior administración una política comercial marcada por el protagonismo de los aranceles, el bloqueo al funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la incertidumbre derivada del unilateralismo. Con el cambio de administración, ¿podemos esperar un viraje en la política comercial de Biden?

La política comercial Biden-Harris en la carrera electoral

La política comercial apenas aparece entre las propuestas del programa Biden-Harris, a pesar de ser uno de los temas protagonistas de la administración Trump. Como máximo, en uno de sus planes hacen un par de menciones relacionadas con los acuerdos comerciales al incorporar, en futuros tratados, disposiciones medioambientales, sociales y de otra índole.

Tampoco encontramos una postura clara respecto a los aranceles que la anterior administración introdujo, salvo algunas declaraciones en prensa del presidente electo. Todo apunta a que la guerra comercial contra China se suavizará y, en un claro guiño al multilateralismo, Biden ha declarado que pretende fortalecer la colaboración con sus aliados, como la Unión Europea.

Sin embargo, en el corto plazo no se espera una retirada de los últimos aranceles impuestos (Reuters) ni de los aplicados al acero derivados del artículo 232 (S&P Global). Como máximo una revisión, pero en un futuro y sin concretar.

Buy American

Aunque parezca un eslogan propio de Trump, Biden lo utilizó en uno de sus eventos de campaña como el celebrado en Míchigan.

La Buy American Act es una ley que nace de la Gran Depresión y que, a grandes rasgos, permite al gobierno federal, en la contratación pública, priorizar la adquisición de productos fabricados en Estados Unidos. Es decir, una medida discriminatoria que favorece a la producción interna simplemente por el hecho de la nacionalidad, independientemente de la calidad o el precio. Una norma incompatible con los acuerdos de la OMC y que en la Unión Europea nunca sería impuesta según la normativa actual de competencia.

El programa Biden-Harris plantea fortalecer esta ley en la primera semana de mandato (específicamente endureciendo las reglas para asegurar la adquisición de acero estadounidense en los proyectos federales de infraestructuras). Además, ha propuesto una penalización fiscal a las empresas que externalicen el empleo junto un crédito fiscal a la producción Made in America.

¿Viraje a la vista?

Todas estas señales apuntan a que la política comercial de la nueva administración Biden-Harris va a suponer un cambio de formas pero no de fondo. Lo que está claro es que las relaciones comerciales serán más predecibles si Estados Unidos reincorpora el espíritu del multilateralismo en su agenda exterior.

Asimismo, el nuevo presidente electo tiene por delante la difícil tarea de consensuar (considerando la fuerte división demócrata ante el libre comercio) el nombramiento del futuro representante de comercio como de los secretarios del tesoro y de comercio, cargos fundamentales en la definición de la política comercial (recientemente Biden nominó a Janet Yellen, la anterior presidenta del Fed, como secretaria del tesoro).

Todo ello descontando que las peculiaridades del sistema norteamericano requieren que todos los cargos designados por el presidente sean aprobados por el Senado. Si finalmente el partido republicano continúa dominando el Senado, la renovación de cargos va a durar más tiempo del deseado, a la vista de experiencias pasadas

Lo que está claro es que una victoria de Trump habría mantenido la tensión comercial, incluso la habría agravado: sólo tenemos que recordar las amenazas del presidente saliente a la Unión Europea en forma de aranceles a la automoción, incertidumbre que aún persiste.

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Alejandro Arnao Solera
Estudios Economicos